24/12021 Diario médico. Presidente de la Organización Médica Colegial, entre 2009 y 2017, Juan José Rodríguez Sendín pasó de la presidencia de la OMC a la Comisión Central de Deontología Médica con un gran proyecto, la actualización del Código de Deontología de la profesión. La pandemia llegó para cambiar prioridades y, ahora, hablar de deontología médica obliga a pensar en los médicos negacionistas de la covid, la objeción de conciencia a la eutanasia… Rodríguez Sendín ha respondido al cuestionario de esta entrevista por correo electrónico con una petición: «Me gustaría que saliera exactamente lo que contesto». Deseo concedido.
Pregunta: ¿La situación actual de pandemia podría haberse previsto en febrero
Respuesta: Claramente no. Sin embargo, la segunda ola se pudo evitar si las cosas de la política funcionaran de otra manera. Y desde luego la tercera, en la que estamos inmersos, estaba cantada y no se hizo lo suficiente pensando siempre desde una lógica partidaria en vez de hacerlo desde una lógica sanitaria. La economía sigue siendo una disculpa, porque el mayor daño a la economía no era la Navidad, sino que continúen creciendo los contagios y se tenga que paralizar a la fuerza el sector productivo. Una vez más la política partidaria española vive al día preocupada de ganar o contrarrestar al otro y es incapaz de planificar con sentido y unidad preocupándose solo del bien común. Por desgracia, un éxito en la gestión de Gobierno Nacional o Autonómico es considerado por los opositores como una pérdida de oportunidad para ellos.
P.: ¿Cree que desde la OMC se hizo lo suficiente en los primeros meses de marzo? ¿Pensaban que iba a llegarse a este nivel de desgaste de la profesión?
R.: Se puede demostrar que la Institución que primero aconsejó limitar reuniones profesionales y científicas de todo tipo fue el CGCOM. Por cierto, por lo que fue criticada con dureza, incluso por sectores profesionales hasta que fueron demasiado evidente las consecuencias. Pero no solo fue ese ejemplo, después hubo partidos de futbol y manifestaciones varias, y el CGCOM envió comunicados a la Autoridad sanitaria y no ha dejado de hacerlo. Ha emitido informes profesionales sobre todo lo relacionado con la pandemia. Otra cosa es que sólo se haya hecho caso al grupo encargado de aconsejar al Gobierno en sus decisiones y del que pienso que se han ido haciendo expertos, como todos, con el tiempo. Porque al principio expertos, expertos en la covid19 pocos o ninguno. Al principio, nadie imaginaba los efectos que sobre los sanitarios ni sobre la población podía tener la pandemia.
La profesión médica no está desgastada, sino que al contrario ha demostrado claramente el compromiso que los médicos tenemos con la sociedad y el ciudadano. La profesión médica se ha visto reforzada a los ojos de la ciudadanía y las instituciones. Sin embargo, sí existe cansancio físico y psíquico, ya que llevamos un año de riesgos personales, de poner en riesgo de contagio a nuestras familias, de renuncias a vacaciones, libranzas, etc…, pero no por ello los médicos, junto con el resto de los profesionales sanitarios, han mostrado el más mínimo atisbo de debilidad o renuncia a la atención sanitaria que tienen comprometida.
P.: ¿Cuáles son los mayores retos que tiene el médico?
R.: Destacaría la precariedad e inseguridad laboral y el trabajo en un SNS que lejos de hacernos más iguales a todos y de repartir riqueza, cada día se observan en el mayores dificultades para ofrecer la calidad para todos, en tiempo razonable, a la que estábamos acostumbrados. Hoy en España, por poner solo dos ejemplos, ni las expectativas de vida son iguales en todos los territorios ni el acceso a cuidados paliativos son un derecho efectivo para todos. Todo tiene una visión desde la ética y una valoración deontológica muy negativas.
Estamos en una dinámica donde los médicos somos cada vez más explotados y pagados a un menor precio, y los medicamentos cada vez más selectivos y pagados a mayor precio. Esto tiene consecuencias muy determinantes y negativas para el SNS, ya que de forma directa o indirecta se responde más a intereses e imposiciones del mundo de la biofarma y tecnología que a las necesidades de la población y de los profesionales para servir a los pacientes. Desde una contemplación ética y deontológica es imprescindible cambiar esta tendencia global.
Juan José Rodríguez Sendín.
Es muy preocupante la inequidad territorial que conduce a salarios y condiciones profesionales muy diferentes y, especialmente, a calidades asistenciales muy diferentes según las comunidades autónomas. Son situaciones ante la que los médicos no podemos permanecer indiferentes. No puedo dejar de mencionar el gran reto ético y deontológico que supone la sostenibilidad del sistema sanitario público español que pasa por la renovación de los modelos de gestión con la invitación inexcusable a participar de la profesión médica y demás profesiones sanitarias.
P.: En su cajón debe dormir el texto con la última actualización del Código de Deontología Médica, ¿Cuándo se continuará con el proyecto?
R.: Bueno, no está en nuestro cajón ni tampoco en el de los colegios y colegiados que ya respondieron. Está en el cajón de la Asamblea General que tras tener aprobados varios artículos del mismo no ha podido en el 2020 reunirse presencialmente, como determinan las reglas para seguir avanzando y terminar su aprobación. Esperamos que en el 2021 quede terminado.
P.: ¿Cuáles son las prioridades actuales de la Comisión Central de Deontología?
R.: En estos momentos estamos centrados, además de en el trabajo ordinario y sistemático, en las consecuencias y cambios en el ejercicio profesional provocados por la pandemia y por la ley de eutanasia. Trabajamos, ahora mismo, en la objeción de conciencia, iatrogenia, telemedicina, redes sociales, solidaridad interprofesional, gestión médica y de salud, deshumanización y abandono, sostenibilidad del SNS e inequidad territorial ya mencionada…También en realizar el Congreso de Deontología a celebrar en Toledo en mayo del 2020 y suspendido por la aparición de la covid que necesariamente tendrá mesas dedicadas a estos problemas.
P.: ¿Practicar la eutanasia va en contra de la deontología médica?
R.: El código deontológico en vigor lo prohíbe expresamente. Pero los valores y principios deontológicos de la profesión médica son historia, pero también son sociedad. Y así si los valores y principios de los ciudadanos y de la sociedad van cambiando, paralelamente, lo van haciendo los de las profesiones sanitarias. Por ello, la deontología médica no es algo inmutable social y sanitariamente se adapta a la sociedad a la vez que esta suele atender a los valores y principios de la misma permitiendo nuestra autorregulación con el cumplimiento obligatorio de las normas deontológicas que nosotros mismos definimos y nos otorgamos. Normas que suelen ser más exigentes que la propia ley. Esto, permítame que le recuerde, ha quedado demostrado en la actual pandemia, donde buena parte de los numerosos contagiados y de muertes entre los médicos han sido como consecuencia de los riesgos derivados del cumplimiento del deber.
Los médicos estamos en todo momento a favor de defender y proteger la vida. Las diferencias surgen a la hora de interpretar qué es vida y cuánto el sufrimiento, especialmente a la hora de respetar el derecho a decidir de cada paciente en relación a los derechos que la ley les otorga, y aunque contravenga nuestras propias posiciones y creencias. Como se puso de manifiesto en la última Convención de la OMC, donde se convocan los miembros de Juntas Directivas y Comisiones Deontológicas de todos los colegios médicos de España, en la profesión médica, como en la sociedad en su conjunto, existen posiciones contrapuestas al respecto.
Objeción de conciencia a la eutanasia
P.: La posición oficial de la OMC está en contra de que se regule la objeción de conciencia, ¿qué temen?
R.: Al igual que se debe respetar el principio de autonomía de los ciudadanos, el médico, como un ciudadano más, debe ser respetado en el ejercicio de su autonomía. La objeción de conciencia siempre ha de aplicarse en un sentido moral, para proteger los principios y valores morales del médico en este caso. En España está prevista la objeción de conciencia para el servicio militar y para el aborto y, ahora, cuando entre en vigor la ley para la práctica de la eutanasia.
En cuanto a la necesidad de regulación de la objeción, como no puede ser de otra manera, hay posiciones diferentes dentro de la profesión. Este debate ya lo tuvimos en la OMC a propósito de la objeción para el aborto en el 2011. Hay quienes piensan que sucederá con la eutanasia como con el aborto, el derecho a objetar que establece la Ley no hará precisa su regulación y que sin embargo su regulación impediría un uso amplio de la misma. Y otros piensan que al no estar desarrollada en la Ley, al ser tan variadas y complejas las situaciones y momentos posibles de la misma, su aplicación no regulada crearía serias dificultades e inseguridad jurídica a los profesionales médicos. Probablemente la redacción relativa a la objeción de conciencia en la Proposición de Ley de la eutanasia, no ha sido la más afortunada, ya que, en los términos de redacción actuales, exige el registro para desarrollar el derecho reconocido a la objeción.
Como ya vimos en el 2011, los beneficios de la regulación permitirían que los médicos conozcan sus derechos y los límites a los mismos evitando situaciones difíciles y controvertidas y sin necesidad de judicialización de aquellos. La objeción en el ámbito sanitario puede ir más allá de lo que la ley establece y se pueda inferir de la misma y ha de abarcar todo el proceso que está sin regular.
La aplicación de la objeción de un profesional no debe crearle inseguridad jurídica, ni depender de la interpretación del Gobierno de una comunidad autónoma, del área de salud o del hospital donde trabaje o que lo haga un juez en función de su propia interpretación moral.
Por otra parte, una Ley orgánica que regule con carácter general la objeción de conciencia terminaría con el solo reconocimiento del derecho a la misma en el caso del aborto o de la eutanasia y, desde luego, no porque una situación determinada obligue a ello. Ya hace más de una década que la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió a los Gobiernos de los países de la Unión que regulen específicamente la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, lo que en el caso de España no se ha cumplido.
P.: En la vacunación contra la covid-19, ¿respalda la deontología médica las posibles negativas de los profesionales a recibir la vacunación?
R.: En ningún caso, salvo que estuviera contraindicado en alguno de ellos. A los médicos que no deseen vacunarse no es posible exigirles que lo hagan desde el código deontológico en vigor. Ni siquiera apelar a la obligación de evitar daños a los pacientes, porque no sabemos si el estar vacunado evita el contagio a otras personas o a los pacientes con los que se relaciona el profesional. En este caso desde la OMC y la Deontología apelamos a la responsabilidad de los médicos para responder y aceptar lo que más le conviene a la salud individual y colectiva que es la vacunación. Aunque, en relación a las vacunas contra la covid, tenemos preguntas sin resolver, está claro que la relación entre los beneficios y los es extraordinariamente favorable a los primeros.
P.: En relación a los movimientos antivacunas y recetas milagrosas, con poco aval científico, desde la OMC instaron a perseguir estas conductas. Le consta algún caso que se haya hecho. ¿Qué puede hacer un colegio profesional para penalizar estos comportamientos?
R.: La OMC está en contra de todas las prácticas y manifestaciones que puedan poner en riesgo la salud de las personas y entre ellos se encuentran los movimientos y médicos negacioncitas. Sí, los conocemos, porque es público y notorio que en la situación de extrema gravedad sanitaria, social y económica que sufrimos, han surgido grupos de ciudadanos liderados, entre otros, por profesionales médicos que desconocen y niegan la evidente realidad de la pandemia, creando confusión, alarma social y provocando que ciudadanos que les prestan atención abandonen las únicas medidas que han demostrado eficacia. Estas son la distancia individual persona-persona, el lavado frecuente de manos, la desinfección frecuentes de objetos, el uso de mascarillas, evitar todo tipo de reuniones especialmente las muy numerosas, no frecuentar espacios cerrados, etc.
Para ganar adeptos y afines a sus ideas, utilizan cualquier argumento, tergiversando informes, haciendo referencia a estudios obsoletos, parciales o directamente falsos, empleando la opinión de falsos expertos o relacionando cuestiones que nada tienen que ver entre si, incluyendo el ataque institucional generalizado y apelando a la aplicación de tratamientos milagros, fantasmas, en todo caso, peligrosos para la salud.
Cuando algunos de estos mensajes, como el desprecio al uso de mascarilla o a la distancia social o a la invalidez de las pruebas diagnósticas, provienen de personas que se presentan con el título de médico, la confusión que crean en la población pone en riesgo la salud de todos incluido el riesgo de muerte.
Lo mencionado atenta contra un buen número de artículos del Código de Deontología. En consecuencia, un colegio de médicos conociendo la existencia de uno de estos profesionales colegiados en el mismo debe abrir expediente y posteriormente, tras informe de su Comisión Deontológica, obrar en consecuencia. Las faltas deontológicas pueden tener diferente consideración en función de la gravedad de la acción o acciones y de sus efectos y pueden conllevar desde el apercibimiento hasta la retirada definitiva de la colegiación. Me consta varios expedientes abiertos, pero en los colegios de médicos es obligatorio guardar confidencialidad y secreto sobre los expedientes abiertos a profesionales hasta que los mismos no están resueltos en firme.
P.: Usted es un miembro activo de la plataforma medicamentos a un precio justo. ¿Cree que no existe ese precio justo? ¿Qué falla para que no se dé?
R.: No solo no es justo, sino que es abusivo poniendo en situación crítica el grave escenario que sufre el SNS. Primero tras la crisis económica pasada y ahora con la pandemia. Todo ocurrió por la incapacidad de los gobiernos para frenar la brutalidad de los precios de los medicamentos contra la hepatitis C. Lo que, a su vez, como era previsible, desencadenó una carrera loca de las grandes multinacionales por fijar ante sus accionistas el precio más elevado posible sobre sus moléculas novedosas, generando unos beneficios escandalosos, sin precedente alguno. Es necesario terminar o limitar drásticamente las prerrogativas que ofrecen las patentes de los medicamentos y productos sanitarios, que constituyen, en no pocos caso, mecanismos de extorsión encubiertos que otorgan un poder extraordinario a intereses del mercado y sobre gobiernos incapaces de contrarrestarlos.
P.: ¿Cree que haría falta más transparencia en la declaración de conflictos de intereses de los profesionales sanitarios?
R.: Sí, porque la actual es insuficiente. Digamos que tiene muchísimas vías de escape. Uno de los efectos más perversos de la supremacía en el sector sanitario y en los gobiernos en general, de los intereses mercantiles de la gran industria farmacéutica es la injerencia en el quehacer médico y con ellos determinar buena parte de las respuestas del ejercicio médico actual. Muchos médicos consideran que sus respuestas hacen lo justo y apropiado a cada paciente y así es dentro de lo que creen conocer. Lo que ocurre es que esas respuestas están elaboradas y diseñadas por profesionales que responden a intereses económicos ajenos a los de los pacientes y comunidad científica.
Sobre la industria farmacéutica
P.: Usted también reclama por un acceso justo y gratuito a la vacuna de la covid. La industria ha declarado que no hay un interés lucrativo en la venta de las vacunas y su precio está ajustado al coste de producción.
R.: Lo que reclamamos, como lo hacen un buen número de organizaciones de la mayor parte de países de la UE junto con un centenar de Gobiernos, es respaldar la iniciativa de India y Sudáfrica que básicamente consiste en suspender las patentes de vacunas y medicamentos, y poner en común las tecnologías para luchar contra la covid, mientras dure la pandemia. De manera que todos los países pudieran fabricar esos medicamentos y vacunas a precio de coste.
Lo que ha hecho la industria farmacéutica es una campaña de propaganda para frenar o contrarrestar la avalancha de peticiones y denuncias de gran calado social, puesto que el estrés mundial creado por la pandemia es extraordinario y de consecuencias imprevisibles. Como la transparencia es la gran asignatura pendiente, lo de falta de interés lucrativo y precio ajustado al coste de producción no es creíble. La situación de opacidad y las subvenciones recibidas de los Estados, los compromisos firmados para compras masivas y las facilidades concedidas sirven para crédulos y con ello les permite recuperar la reputación perdida.
Romero-Rodríguez Sendín
Por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech se ha cobrado a 12 euros la dosis, según un estudio del Imperial College de Londres. Mientras el coste de fabricación, para 1.200 millones de dosis sería de 0,5 euros la dosis. Añadiéndole los gastos estimados de I+D, el precio sería de 0,68 euros la dosis. Por lo tanto, pagaremos un 1.765% más de lo que cuesta. Dicho de otra forma, con un coste total de 815 millones de euros, para 1.200 millones de dosis, ingresarán 14.400 millones de euros. Y hace unos días conocemos una noticia, según la cual, para la segunda compra de la Comisión Europea Pfizer subirá el precio a 15 euros la dosis.
Si, efectivamente, el objetivo fuera servir al interés común mundial y no lucrarse con ello, deberían liberar las patentes -por cierto, y en buen parte, logradas con recursos públicos- y permitir una producción masiva de las vacunas para responder a las necesidades de la población mundial. Porque, además de la barrera del precio, está la barrera de la limitación de producción por el monopolio de las patentes que hará que en España y en el mundo tardemos en vacunarnos muchos meses más de lo que sería posible sin monopolios. ¿No es una inmoralidad lucrarse con la pandemia? ¿No deberían intervenir los gobiernos para evitar estos abusos?