Eutanasia sin paliativos

05/03/2020 ActuallLa eutanasia, donde ha sido aprobada, se ha ido extendiendo no sólo en número de casos sino en indicaciones. El derecho a elegir cuando y cómo quiere uno morir podría ser entendido como equivalente a “cuando y cómo se quiere uno suicidar”, lo que parece una visión muy reduccionista.

La noticia de que cada año más de 80.000 personas, incluyendo niños, mueren en España sin recibir atención de cuidados paliativos (CP), a pesar de necesitarla, según se informó en el último Congreso Mundial de Cuidados Paliativos (Berlín, 2019) se supone que debería haber llevado a nuestros responsables políticos a implicarse con urgencia en solucionar esa grave carencia sanitaria.

De hecho, estamos al mismo nivel que Rumanía, a la cola de Europa, en el número de unidades de cuidados paliativos por 100.000 habitantes. Sin embargo, lo que tenemos sobre la mesa de la actualidad política es el proyecto de ley de eutanasia. ¿Por qué este desencuentro entre las necesidades reales de mejorar la asistencia sanitaria y la ideologías partidistas?

Como recientemente se ha manifestado  desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), “muy pocos países cuentan con leyes como la que se va a debatir en nuestro Parlamento, pero en casi la totalidad de los países europeos existe legislación que pretende garantizar unos Cuidados Paliativos de calidad. Estas leyes abogan por la formación de profesionales (tanto de la Medicina como de la Enfermería, la Psicología, el Trabajo Social…), el apoyo a las estructuras básicas para proporcionar cuidados paliativos en la comunidad (como es la Atención Primaria de salud), la acreditación específica y reconocida de quienes van a dedicarse a esa labor, la creación de recursos específicos orientados a la complejidad… Estas leyes son, en definitiva, muestra de la preocupación de sociedades modernas y progresistas ante el sufrimiento de sus conciudadanos más vulnerables”.

Con respecto a esto, habría que recordar que en Europa, la eutanasia sólo es legal en Bélgica, Holanda y Luxemburgo y, recientemente, en Portugal. El suicidio asistido lo es en Suiza y ha sido admitido en este mes de febrero en Alemania. Al mismo tiempo, los demás países europeos, tras amplios debates, finalmente la han rechazado. El Consejo de Europa, en su Resolución 1859, acabó concluyendo que “la eutanasia, en el sentido de muerte intencional por acción u omisión de un ser humano dependiente para su supuesto beneficio, debe ser siempre prohibida”, lo que se suele olvidar a pesar de que esta fuerte conclusión fue realizada después de una exhaustiva investigación de datos objetivables en los países que ya la habían aprobado y que mostraban que la dinámica de cambios introducidos en la asistencia sanitaria a partir de la aceptación de este tipo de legislaciones no era la esperada.

Lejos de aportar mayor autonomía a los pacientes en las fases finales de su enfermedad, el poder de decisión parecía estar, más que antes, en las manos de los médicos y un estudio revelaba que en Bélgica se están realizando un 32% de muertes eutanásicas sin petición del paciente ( Chambaere K. CMJA, 2007). La consideración de muerte compasiva como un derecho lleva a aplicarla también al que se supone que no puede pedirla. Adicionalmente, en el British Medical Journal se recogía que un 47% de las muertes por eutanasia están fuera de supervisión oficial, según ha reconocido la propia Comisión de Control de dicho país y se aplican así en  la población más vulnerable, los mayores de 80 años (Smets T. BMJ, 2010).

No menos importante, parece la notificación publicada de que casi la mitad de las enfermeras que han participado en procesos de eutanasia confesaban haber realizado esta práctica tomando la iniciativa por sí mismas, sin indicación médica alguna, a pesar de que la ley expresamente lo prohíbe (Inghelbrecht E. CMAJ, 2010). Todo esto podría llevar a reflexionar sobre la dificultad de realizar controles en una práctica profesional que, en la realidad y no sobre el papel, se basa de modo habitual en la relación de confianza que los pacientes y sus familias depositan en los profesionales de la salud, lo que facilita situaciones incontrolables de impunidad si no existe el autocontrol de haber asumido unos criterios deontológicos claros de respeto a la vida y a la vulnerabilidad de los pacientes.

De modo similar, en Holanda, donde la eutanasia se despenalizó en 2002, fecha a partir de la cual se han ido ampliando sus posibles aplicaciones, el informe Remmenlink, encargado por el Fiscal del Estado, reveló que el 27% de los médicos indicaron que habían terminado con la vida de algún paciente sin su consentimiento, otro 32% dijo que llegado el caso, lo harían. En la mitad de los 49.000 casos de decisiones médicas para la terminación de la vida, la decisión fue tomada sin consultar al paciente. De ellos, en unos 20.000 casos (el 80%) los médicos adujeron como razón principal para no consultar al paciente, simplemente que éste «tenía dificultades para comunicarse“. Por todo ello, parece comprensible que en la Resolución citada del Consejo de Europa, se afirme también que “legalizar la eutanasia, lejos de introducir mayor control, simplemente introduce más eutanasia y más cooperación al suicidio”.

Curiosamente, algunos profesionales han negado que en estos países se esté dando un proceso de “pendiente deslizante”, es decir, que progresivamente la aceptación de la eutanasia se vaya extendiendo a cada vez un mayor número de supuestos y a situaciones que no se preveían inicialmente. Sin embargo, la realidad observable sin prejuicios muestra precisamente lo contrario. La eutanasia, donde ha sido aprobada, se ha ido extendiendo no sólo en número de casos (6.585 en Holanda 2017) sino en indicaciones.

De ser admitida para adultos se ha ampliado a menores de edad, de aceptarse para casos terminales se ha pasado a enfermos crónicos, lo que ya también admite nuestro Proyecto de Ley en tramitación parlamentaria, de enfermedades físicas se ha pasado a pedir para enfermedades mentales, a aplicarse como medida preventiva y, como se ha notificado recientemente, a admitir la posibilidad de suicidio asistido para personas sanas únicamente por estar “cansadas de vivir”, lo que ya se ha propuesto en Holanda en este mismo año.

Finalmente, se suele decir que con estas propuestas legislativas se quiere aportar una “muerte digna” a los pacientes, haciendo coincidir este concepto con el de “muerte voluntaria”. El derecho a elegir cuando y cómo quiere uno morir podría ser así entendido como equivalente a “cuando y cómo se quiere uno suicidar”, lo que parece una visión muy reduccionista de la dignidad del hecho de morir.

En realidad, el concepto de muerte digna es mucho más amplio y deberíamos ser mucho más exigentes con él. De hecho,  debería incluir la posibilidad de morir en las mejores circunstancias posibles de atención sanitaria, lo que incluye el adecuado control del dolor, y con el mayor confort afectivo y situacional posible, en el propio domicilio o en el hospital si la situación lo precisa, y eso es lo que precisamente debería llevar a nuestros políticos a trabajar conjuntamente para establecer una mejor estrategia sanitaria de Atención Integral al Dolor y, por supuesto, unos Cuidados Paliativos de calidad.