1/12/2024 Periodista digital. El 2 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, comunmente llamada reforma de la Ley de aborto, la cual introdujo una serie de modificaciones en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En la nueva ley se reconoce expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, como una decisión individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse con antelación y por escrito, regulándose ex novo el registro de personas objetoras de conciencia, que lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada.
Esta regulación sobre la objeción de conciencia ha sido objeto de amplio debate tanto en la preparación de la norma como en su aplicación. Así, la Gaceta Regional de Salamanca publicaba el 31.08-22 que “Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), opina que «un registro de objetores al aborto aporta muy poco; sería más útil un registro sobre los profesionales dispuestos a efectuar esta prestación». El presidente de la OMC recuerda que en este caso la postura que se adopta está clara: «No se objeta a un caso concreto, sino a la ley», pero que «si la Administración tiene el aborto en su cartera de servicios, debería encontrar los mecanismos adecuados para facilitarlos, no trasladar la responsabilidad a los profesionales». En otras palabras: constituye un problema del gestor, no del médico de a pie. No obstante, a los médicos les inquieta que «en algún momento no se respete la objeción de conciencia, por ejemplo, en un entorno con precariedad laboral, aunque esperamos que se solucione pronto».
La Gaceta Regional titulaba: “Ninguno de los médicos del Complejo practicaban interrupciones voluntarias del embarazo en la privada”.
“Fuentes sanitarias -continuaba el texto- apuntan que la intención de los especialistas del servicio de Ginecología del Complejo Asistencial es la de declararse objetores formalmente, aunque desde el propio servicio aclaran que “la situación de objeción no es la misma en el departamento”. Representantes del Hospital de Salamanca recalcan que “hasta ahora todos los especialistas del servicio de Ginecología han decidido no practicar las interrupciones voluntarias del embarazo y se estaban derivando los casos a una clínica de Valladolid. La idea que existe entre los actuales miembros del servicio es la de seguir haciéndolo así, pero siempre está abierta la posibilidad de que llegue un nuevo especialista -de hecho se ha incorporado uno recientemente en un concurso de traslados- y comunique que sí está dispuesto a practicar abortos, por lo que cambiaría la situación”. El ministerio que dirige Irene Montero afirma que la nueva ley será “perfectamente compatible con el derecho a la objeción”, pero estipula: “Se creará un registro de objetores de conciencia. Quien se declare objetor no podrá practicar abortos tampoco en la sanidad privada”. En este sentido no habrá problema para los miembros del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital, puesto que ninguno de ellos practicaba abortos en la sanidad privada. La jefa del servicio de Ginecología, María José Doyagüe, ya se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto y su mensaje siempre pone el acento en la necesidad de “desarrollar una normativa muy clara al respecto, que no dependa de la voluntad del servicio”. Doyagüe indica que entre el equipo que ella coordina hay objeciones totales, parciales y facultativos no objetores -aunque no realizan abortos-, pero además avanza la remodelación de las plantillas con la resolución de la OPE de especialistas a finales de mes, lo que puede variar la situación y obligar a la Administración a definir mejor su postura. El sistema que se viene empleando desde hace meses suele terminar en clínicas de Valladolid, o en el Hospital de Burgos cuando se trata de un aborto farmacológico.
La Gaceta Regional incluía también un caso significativo de desistimiento del aborto. Titulaba: “Cambié de opinión cuando ya estaba en la clínica para abortar”. Ana, madre soltera, se refugió en el centro Materno Infantil Ave María después de decidir seguir adelante con su embarazo a pesar del rechazo de sus padres.”
“Cinco meses de embarazo y la firme idea de seguir adelante con su hijo no fueron suficientes para que Ana acudiese a una clínica ginecológica privada para abortar. ¿El detonante? La presión por parte de sus padres y el completo rechazo al embarazo de su hija. Por aquel entonces, Ana tenía 19 años y no contaba con una estabilidad en su relación sentimental con la que era su pareja en ese momento. “Decidí tener a mi hijo y buscar sitios donde me pudiera quedar”, cuenta la joven. Y así fue, su bebé Mario, que ahora tiene cuatro años, y ella, viven desde entonces en el centro Materno Infantil Ave María, donde reciben toda la atención y los cuidados que necesitan. A través de su experiencia, Ana establece una postura en relación al anteproyecto de la reforma de la Ley del Aborto, en el que se elimina el periodo de reflexión obligatorio de tres días para las mujeres que acuden a los centros a interrumpir su embarazo.
De cualquier modo, Ana, que vive feliz con su hijo Mario, lanza un consejo a las chicas que, como ella, tengan un embarazo ‘no deseado’: “Hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas, antes de tomar las decisiones definitivas”.