Recuerdo cuando se empezaba en esto de la bioética que todo el acento se ponía en la construcción de una bioética “neutral”, “surgida del común denominador”, que incorporase “los valores Constitucionales” y “los derechos humanos”.
El enemigo a batir parecía una bioética “confesional” o, al menos, “filosóficamente parcial”. La legislación, evidentemente, debería inspirarse en esta bioética y no en ninguna de aquellas, cumpliendo las condiciones del primer Rawls de impedir el acceso al ámbito público de las posiciones omnicomprensivas.
El propio Rawls reconocería con el tiempo que este juego era un tanto parcial en cuanto ignoraba la aportación de las diferentes posiciones omnicomprensivas al acervo común. En cierta forma ese primer discurso confundía la labor legislativa con la labor de reflexión bioética. No entramos, por otra parte, en dos problemas vinculados a la primera bioética: uno sería el que Kass definió como “bioética complaciente”, es decir, la tendencia bioética a aprobar cualquier pretensión de acción basada en la técnica siempre que esta se encontrase avalada por lo que denominaríamos voluntad de poder; el otro sería si la bioética en su vinculación original a la “deep ecology” no estaría en si misma y de forma inevitable destinada a ser un artefacto ideológico. Sin embargo, la primera bioética parecía cumplir un objetivo social importante para quienes sostenemos una posición basada en la subsidiariedad y en la limitación de la “función ética del estado”. Esto es, que la ampliación de las áreas de reflexión plural, que la creación de comités, que la multiplicación de la acción del Estado no se tradujese en la imposición de una ideología a través del Leviathan.
Estas precauciones elementales parecen romperse con las últimas normas que inciden de una forma u otra en la esfera bioética. Por la vía de la promoción supuesta de “derechos” o de “opciones de progreso” el Estado parece querer eliminar la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia e incluso discriminar a quienes manifiestan una posición contraria a las posturas, algunas de ellas muy opinables, expresadas en cada ley.
No es exagerado decir que esto pone en riesgo libertades básicas de los ciudadanos, pues coarta derechos fundamentales en nombre de la posición escasamente mayoritaria en una determinada legislatura. Lo malo es que quienes deben articular la respuesta política a este problema, que es esencialmente político en cuanto implica el cambio desde la esfera pública del modelo de sociedad, no están a la altura de las circunstancias y no observan el enorme riesgo con el que nos enfrentamos.