La revista JANO ha publicado un interesante artículo que analiza los puntos débiles de la autonomía, considerada como el referente de una buena práctica clínica: sus debilidades, dilemas y desafíos
Ya que desde el Ministerio de Justicia se está abordando elaborar una ley sobre el trastorno de identidad de género o transexualidad, parece ineludible comentar qué aspectos de esta entidad pueden requerir un enfoque ético específico para recibir el deseable consenso social.
La esterilización de deficientes mentales, supone una fuente de controversia no sólo en los foros de ética y bioética sino también en el ámbito donde los legisladores intentan poner márgenes jurídicos a un tema que traspasa el mero aspecto legislativo para convertirse en fuente de discusión en cuanto afecta a la dignidad de la persona.
La Asociación Americana de Pediatría señala en su «Informe sobre las familias» del año 2003 que «las familias son la influencia principal y más duradera en la vida de los niños».
El Ministro de Justicia, José María Michavila, acaba de anunciar el propósito de su Ministerio de remitir en breve a las Cortes un proyecto de Ley para penalizar la mutilación genital femenina.
La introducción para su uso clínico de la denominada píldora postcoital (PPC), cuyo principio activo es levonorgestrel, ha abierto un nuevo frente de conflicto ético personal en no pocos médicos que se encuentran ante el dilema de satisfacer los deseos de las mujeres que acuden a ellos en los servicios de urgencias confrontando esta demanda de asistencia frente a los dictados de su propia conciencia.
Los Dres Justo Aznar y Julio Tudela realizan una valoración de los mecanismos de acción de los métodos utilizados en la contracepción de emergencia según la bibliografía médica disponible en la actualidad
La incorrectamente llamada píldora postcoital (en realidad se administran un mínimo de dos píldoras), tiene como principio activo el levonorgestrel y está comercializada en España con el nombre de NorLevo, con la indicación de anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo.